San Juan - El Senado de Puerto Rico despenalizó hoy la posesión de marihuana para consumo propio, de forma que la tenencia de hasta media onza (14 gramos) de esta planta se quedará en una infracción civil y dejará de estar castigada con tres años de prisión.
Tras una larga sesiĂłn legislativa y a travĂ©s de una votaciĂłn a viva voz, el organismo legislativo abriĂł paso este miĂ©rcoles a una propuesta que, si es aprobada ahora por la cámara baja y firmada por el gobernador, podrĂa entrar en vigor a principios de 2014.
"Ahora la verá la Cámara de Representantes, que es algo más conservadora, pero, por lo que me llega, allà también cuenta con suficientes apoyos", explicó hoy a Efe el impulsor de esta iniciativa, el senador Miguel Pereira.
Luego "deberá ser firmada por el gobernador, que no suele aplicar su derecho a veto", por lo que si el proceso no se ve interrumpido, "podrĂa entrar en vigor a final de este año o comienzos del prĂłximo".
Multas desde $100
Aunque el proyecto inicial era más ambicioso y buscaba la despenalizaciĂłn de la tenencia de una onza completa (28 gramos), la cámara alta acordĂł que hasta media onza se considere sĂłlo infracciĂłn, lo que podrĂa conllevar una multa máxima de $100 (200 si se reincide y 300 si son tres veces).
Si la cantidad está entre media y una onza se podrá castigar con un máximo de $500 y seis meses de prisión, y a partir de esa cantidad se mantendrán las penas actuales de tres años de prisión y multa de hasta $5,000.
En caso de reincidencia, la pena obligatoria de reclusión es de seis años y cuando es una ofensa cometida en una escuela o institución el castigo se duplica.
"El cambio es de pura justicia. La noción de que uno debe cumplir prisión por un delito no violento ofende al sentido de la proporción y justicia de las penas", defendió Pereira, del gobernante Partido Popular Democrático (PPD).
El senador fue fiscal federal por doce años, jefe de la PolicĂa de Puerto Rico y secretario de prisiones, asĂ que conoce de cerca la carga policial, judicial y penal que supone para el sistema la posesiĂłn de pequeñas cantidades de la droga, castigada ahora con una pena obligatoria de tres años de prisiĂłn.
Se trata del mismo que se podrĂa imponer a un ladrĂłn, a alguien que estafa vendiendo algo que no es suyo o que, en general, comete un delito en el que hay terceras personas que resultan vĂctimas de sus actos.
"AquĂ no hay más vĂctima que acaso quien consume", explicĂł el senador, quien apuntĂł que "siempre se piensa en el joven de 20 años, pero no en los hombres de 30 o 40 que son padres de familia y a los que se les sentencia a tres años de prisiĂłn".
"DemonizaciĂłn" del tema
Desde que se presentĂł esta propuesta en abril hubo un proceso de debate social que ha ido de la "demonizaciĂłn" inicial a "un mejor entendimiento de sus implicaciones sociales", segĂşn Pereira.
El funcionario cree que este aspecto social es el que más ha pesado en la evoluciĂłn de la opiniĂłn pĂşblica y del propio Senado, aunque tambiĂ©n el econĂłmico, ya que segĂşn sus cálculos, las malogradas cuentas de este Estado Libre Asociado a Estados UnidospodrĂan ahorrarse más de ocho millones de dĂłlares anuales sĂłlo en custodia de reos.
"SĂłlo por posesiĂłn de marihuana en Puerto Rico puede haber unos 180 reos, que le cuestan al erario $45,000 al año, asĂ que serĂa es un ahorro extraordinario", dijo el llegislador, quien recordĂł que a ello se sumarĂa todo lo asociado a menos carga de trabajo policial y judicial.
Igualmente, recordó que la despenalización es "un fenómeno casi universal", que está ocurriendo en muchos lugares (incluidos 22 de los 50 estados de EE.UU.) y que "enmienda un error" cometido hace décadas, cuando se fijaron penas desproporcionadas.
De hecho, durante los dos meses de tramitación en el Senado, con debates y vistas públicas, prácticamente se mantuvo el consenso en que las penas actuales son exageradas.
"Nuestra ConstituciĂłn que prohĂbe los castigos crueles e inusitados, y todo el mundo ha entendido que es desproporcionado tipificar como delito grave la posesiĂłn de una cantidad ampliamente reconocida como de uso personal", resumiĂł el senador.
En el texto aprobado se insiste en que no se pretende legalizar la posesión ni el consumo de marihuana, sino "cambiar el enfoque punitivo" con el que el Estado se enfrenta a un consumidor mayor de edad, para reducir la actividad criminal relacionada con la posesión para consumo personal y descargar la presión a que están sometidos los organismos policiacos, judiciales y penitenciarios.
Fuente: El Diario la Prensa.
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