CIUDAD DE MÉXICO — Un fin de semana en marzo de 2011, los asesinos fueron a Allende, en el estado norteño de Coahuila, a tomar venganza. Masacraron a 26 personas en dos días, incluyendo a mujeres y niños, por una disputa entre los líderes del temido cartel de los Zetas.
En los meses siguientes, más personas fueron asesinadas en Allende; al final, sumaron 42 personas muertas. Pero no pasó nada: no hubo investigaciones ni reclamos y ningún funcionario prometió que no descansaría hasta que los culpables encararan la justicia, de acuerdo con el informe “En el desamparo”, que se presentó el domingo por el escritor, periodista y defensor de derechos humanos, Sergio Aguayo.
Tres años después, cuando la información comenzó a salir en medios de comunicación, el gobierno estatal comenzó a investigar y apareció en Allende, según el informe, que fue encargado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, una organización auspiciada por el Estado.
Aguayo y otros investigadores del Colegio de México describieron, con detalles fácticos, cómo los Zetas entraron a las rancherías cercanas a la frontera con Texas y sobornaron a las autoridades para establecer control.
La acusación central del informe es la incapacidad de todos los niveles de gobierno, desde la policía local hasta la Procuraduría General de la República, para investigar esta masacre y reconocer los derechos de las víctimas y sus familias de obtener una rendición de cuentas completa de lo sucedido.
Asimismo, Aguayo cuestionó cuál fue la participación de Estados Unidos en dicho caso. Dos de los líderes de los Zetas en el territorio están bajo custodia en Estados Unidos, donde son testigos protegidos de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
“La opacidad de Estados Unidos obstaculiza el acercamiento a la verdad”, escribió Aguayo. “Ellos preservan información importante para entender lo que pasa en México”.
“En el desamparo” también estudia la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que sucedió en 2010 y que recibió más atención.
En Allende, “las autoridades municipales eran, en el mejor de los casos, figuras decorativas”, se lee en el informe. Quien fuera presidente municipal en 2011 dijo que se enteró de la masacre por “comentarios aislados” y que nunca recibió requerimiento oficial alguno.
FUENTE:http://www.nytimes.com/
