Brasilia, Brasil (EFE/Eduardo Davis).- El presidente brasileño, Michel Temer, obtuvo este miércoles más tiempo en la justicia gracias a la defensa de su destituida antecesora Dilma Rousseff, que logró suspender un proceso por fraudes electorales que le puede costar el cargo al mandatario.
El Tribunal Superior Electoral celebró la primera de cuatro sesiones que tenía previstas esta semana para juzgar denuncias de supuesta corrupción electoral por parte de la fórmula Rousseff-Temer en la campaña de 2014, pero apenas dos horas después de iniciado el juicio fue suspendido por un tiempo aún indeterminado.
En forma unánime, la corte aceptó las primeras apelaciones de la defensa de Rousseff, destituida por fraudes fiscales en agosto de 2016 y sustituida desde entonces por Temer, que pidió un plazo mayor para presentar sus alegaciones finales y citar nuevos testigos, lo cual llevó a la inmediata suspensión del proceso.
El tribunal aceptó la tesis de la defensa de Rousseff, según la cual el plazo para presentar sus últimos alegatos era de cinco días, y no de dos como había establecido la corte, y también la necesidad de que sean escuchados nuevos testigos.
Entre ellos, será citado el exministro de Hacienda Guido Mantega, sospechoso de haber negociado donaciones irregulares para la campaña de 2014 con el grupo Odebrecht, implicado en la trama corrupta de la estatal Petrobras, que se sospecha que sirvió para financiar tanto a Rousseff como a Temer.
La aceptación de esas demandas abre un paréntesis en el juicio, que se calcula que sólo podrá ser retomado en mayo, lo cual alarga el trámite y posterga la posibilidad de que Temer sea desalojado del poder que heredó con la destitución de Rousseff.
El instructor del caso, Herman Benjamin, inicialmente se resistió a las apelaciones de la defensa de Rousseff y, sobre la citación de nuevos testigos, llegó a argumentar que la corte “no puede escuchar también a Adán, Eva y la serpiente”.
Benjamin alertó sobre la importancia del proceso, que sienta en el banquillo por primera vez en la historia a una fórmula ganadora de unas elecciones presidenciales, y también sobre la repercusión “social y económica” que pudiera tener un “juicio sin fin”.
Sin embargo, se plegó finalmente a la mayoría y cedió frente a los pedidos de la defensa de Rousseff, enemistada abiertamente con Temer desde su destitución pero que hoy, queriendo o no, le ha dado al actual mandatario algo del tiempo que necesita para concluir el mandato, el 1 de enero de 2019.
Catalogada como Acción de Investigación Judicial Electoral (Aije) 194358, la demanda se refiere a supuestas “donaciones” recibidas por Rousseff y Temer para la campaña de 2014, cuando fueron reelegidos, ella como mandataria y él como vicepresidente.
Según ha confesado Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa, su grupo donó para esa campaña de Rousseff y Temer 150 millones de reales (hoy unos 48 millones de dólares) y al menos una tercera parte de ese dinero tuvo origen en la red de corrupción que operaba en Petrobras.
Si el proceso acabase con una sentencia condenatoria, Temer sería destituido y el Congreso debería elegir, en forma indirecta, a un nuevo presidente para completar el período que acaba el 1 de enero de 2019, cuando deberá asumir el ganador de las elecciones previstas para octubre del año próximo.
Si se llegara a ese extremo, sería la primera vez en la historia que dos presidentes brasileños sean destituidos durante el mismo período, lo que pudiera ahondar la profunda crisis política en que se ha sumergido el país en los últimos tres años, desde que comenzó la investigación sobre la trama corrupta en la estatal Petrobras.
No obstante, Temer permanecería en el poder hasta que sean juzgadas todas las apelaciones previstas en la ley, que comienzan en la propia corte electoral y acaban en el Tribunal Supremo, que daría la última palabra tras un engorroso proceso. EFE
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