De hecho, en palabras de Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla, el espíritu del denominado “Acuerdo de Quito” es que la intensidad del conflicto pueda empezar a bajar desde el momento mismo de su firma, considerado como un avance trascendental en la mesa, después de seis meses de trabajo. En fin, serán 101 días, prorrogables, en los que ambas partes asumirán una serie de compromisos con el objetivo de aliviar el daño que el conflicto causa en la población. (LEA: El 1° de octubre comienza a regir el cese al fuego bilateral con el Eln)
¿Qué fue lo que se pacto? Por el lado del Eln, se acordó suspender el enrolamiento de menores con edades inferiores a las mínimas autorizadas por el Derecho Internacional Humanitario a las filas de la guerrilla; suspender los ataques en contra de la infraestructura del país, especialmente los oleoductos; avanzar en el programa piloto de desminado humanitario y la abstención de la instalación de este tipo de artefactos, y la suspensión del secuestro de ciudadanos nacionales y extranjeros.
Sobre este último punto, sin embargo, no hay claridad, pues el mismo Beltrán, en entrevista con El Espectador publicada ayer lunes, señaló, sobre la posibilidad de renunciar al secuestro como práctica de guerra, que “si se aspira al comienzo de la negociación que el Eln haga cosas del fin de la negociación, están salidos de foco”. Y algo similar respondió sobre la extorsión, a pesar de que el cese de esta actividad no fue incluido en el pacto de Quito. “Le hemos preguntado al Gobierno si está dispuesto a cesar algunos de los impuestos. Ellos viven de los impuestos y nosotros también necesitamos contribuciones (...)”, expresó.
Por su parte, el Gobierno asumió, además del cese al fuego, una serie de compromisos de carácter humanitario que tienen que ver con la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos en las regiones más afectadas por la violencia de las bacrim. En primera instancia, se fortalecerá el sistema de alertas tempranas para que las amenazas en contra de la vida de estas personas tengan una pronta repuesta y el trámite, la investigación y la publicación de resultados sean más rápidos.
Este es uno de los asuntos más preocupantes para la guerrilla por el arribo de grupos paramilitares a las zonas de las que salieron las antiguas Farc, sin embargo, para Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del Gobierno, es un tema con el que se está comprometido a fondo y como ejemplo mencionó la muerte por parte de la Fuerza Pública de alias Gavilán, una de las cabecillas del clan del Golfo.
Asimismo, se prevé la implementación de un programa que permita mejorar las condiciones de la población carcelaria perteneciente al Eln, que incluye la mejora de las condiciones de salud, la ubicación cerca de sus núcleos familiares y su evacuación, para estos casos, con todas las garantías de seguridad de los centros carcelarios en los que se encuentran recluidos.
Dos puntos más asumidos por el Gobierno son la pronta aplicación de la ley que desjudicializa varios tipos de protesta social y la puesta en marcha de las audiencias con la sociedad civil, que es uno de los temas iniciales del punto 1° de la agenda sobre participación que fue convenida en marzo de 2016.
fuente elespectador.com/
