CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, Guatemala — Hace seis meses, el esposo de Liset Juárez empacó una pequeña bolsa, les dio un abrazo a sus tres hijos y se despidió para emprender un viaje de más de 1900 kilómetros a Estados Unidos. Ese era su sexto intento de cruzar la frontera, sin documentos legales, para buscar trabajo.Read in English
La pareja le pidió prestado a un amigo el equivalente a casi 13.000 dólares para pagarle el viaje a un traficante. Juárez afirmó que su esposo era consciente de los peligros —traficantes sin escrúpulos, peligrosas travesías por el desierto y posibles secuestros a manos de los letales cárteles mexicanos de la droga— pero sentía que tenía pocas opciones en Guatemala, donde estaba muy endeudado después de que su negocio fracasara.
“¿Qué podemos hacer?, preguntaba Juárez hace dos semanas. “Tenemos que alimentar a nuestros hijos”. Se rehusó a identificar a su esposo por su nombre, por temor a que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas lo arresten en Estados Unidos.
El esposo de Juárez es uno de los miles de guatemaltecos que han ignorado la campaña informativa de grandes vallas y anuncios de radio y televisión realizada por los gobiernos estadounidense y guatemalteco que advierten sobre los peligros del viaje a Estados Unidos.
Miles de personas, incluyendo familias enteras, han hecho el trayecto hacia el norte en busca de trabajo y una vida mejor desde el altiplano occidental de Guatemala, un área remota, rural y empobrecida, con una población mayormente indígena de lengua maya.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el año pasado 42.757 guatemaltecos fueron arrestados o detenidos en la frontera de Estados Unidos con México. Estos representaban casi la mitad de todos los migrantes que querían entrar a Estados Unidos con sus familiares.
Además, las cifras han aumentado. Hace dos años, solo una tercera parte de las familias detenidas en la frontera eran guatemaltecas. Las entrevistas con decenas de personas en Concepción Chiquirichapa, un pueblo de aproximadamente 10.000 habitantes que tiene un animado mercado público, revelaron que casi todos tienen familia —o conocen a alguien con familia— en Estados Unidos.
Los residentes señalaron que la razón de esta diáspora es simple: la pobreza extrema. Según la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, alrededor del 76 por ciento de la población en el altiplano occidental de Guatemala está empobrecida, y el 67 por ciento de los niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica.
Más de un millón de guatemaltecos en las áreas rurales de la región no tienen electricidad. Debido al constante descenso de los precios de los productos agrícolas, muchos obtienen pocas ganancias, o ninguna, del café, el maíz, el frijol y otros cultivos. Según el Departamento de Agricultura, tan solo la producción de café ha caído un seis por ciento desde el año pasado y los agricultores con cultivos pequeños no pueden cubrir sus costos.
Además, los residentes mencionaron que el tráfico de drogas, la corrupción generalizada en el gobierno local y la extorsión de las pandillas han contribuido a su decisión de abandonar los pueblos y las ciudades del altiplano occidental.
“Tenemos que crear mejores oportunidades para la gente, de tal modo que puedan quedarse en su lugar de origen”, señaló Víctor Manuel Asturias Cordón, quien dirige el Programa Nacional de Competitividad, o Pronacom, una agencia gubernamental que promueve el desarrollo económico. “También tenemos que trabajar para frenar a los coyotes que han convencido a la gente de que sus mayores probabilidades de éxito están en Estados Unidos”.
Alarmados por la afluencia de miles de guatemaltecos en la frontera, los funcionarios estadounidenses han comenzado a buscar formas más eficaces de contener a los migrantes.
A finales de septiembre, Kevin K. McAleenan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, viajó a Guatemala, Honduras y El Salvador, los tres países de donde proviene el grueso de los migrantes detenidos en la frontera. En Guatemala se reunió con funcionarios gubernamentales, líderes empresariales y comunidades indígenas.
Señaló que la aplicación de la ley no era suficiente para detener la migración de decenas de miles de guatemaltecos que intentan entrar de manera ilegal a Estados Unidos.
“Estoy aquí para escuchar y enterarme de los problemas que están enfrentando, a fin de que podamos trabajar juntos”, declaró durante un encuentro con funcionarios guatemaltecos en un centro al que regresan los migrantes después de ser deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
McAleenan también hizo un recorrido por varios proyectos financiados por la Agencia para el Desarrollo Internacional, lo que incluyó una instalación de procesamiento de café en Ciudad de Guatemala y una granja en Quetzaltenango, la ciudad más grande del altiplano occidental, donde se producen nuevas variedades de maíz y de otros vegetales.
McAleenan comentó que, al reunirse con dirigentes indígenas en una mesa redonda en Quetzaltenango, se enteró de que la mayor parte de la gente que sale de la región trataba de conseguir trabajo.
Pero les recordó que es un delito cruzar la frontera de Estados Unidos sin papeles legales, además les advirtió sobre los traficantes que han engañado a migrantes desesperados al garantizarles que pueden permanecer en Estados Unidos si llegan en familia.
“No hay posibilidad de quedarse en Estados Unidos si traes a un niño, tampoco si estás embarazada”, señaló McAleenan. “Necesitamos ofrecer información precisa para que no hagan este peligroso viaje, en el que se enfrentan a abusos físicos y sexuales”.
Los funcionarios comentaron que se planea que Estados Unidos gaste más de 200 millones de dólares en proyectos en el altiplano occidental durante los próximos años para crear empleos y reducir la pobreza. Este año también se ha buscado disuadir la inmigración ilegal reprimiendo severamente el cruce de la frontera, incluso con la práctica ya suspendida y ampliamente repudiada de separar a los niños migrantes de sus padres y de otros familiares detenidos.
No obstante, la campaña de mensajes ha pasado mayormente inadvertida. Nueve anuncios dispuestos en grandes vallas publicitarias del altiplano occidental de Guatemala, pagados por el gobierno de Estados Unidos, advierten a los migrantes potenciales sobre los peligros del viaje hacia el norte.
Los funcionarios afirmaron que también han puesto anuncios en radio y televisión con más advertencias, con un costo total de aproximadamente 750.000 dólares. El gobierno de Estados Unidos está gastando cerca de 1,3 millones de dólares en esta campaña en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Sin embargo, las entrevistas con más de una docena de personas en la ciudad más grande y en varios pueblitos del altiplano de Guatemala mostraron que pocos residentes han visto o escuchado las advertencias. Muchas de las personas entrevistadas dijeron que, de todas formas, no los convencerían de quedarse. Una campaña paralela de mensajes y mucho más poderosa por parte de los traficantes tiene eco de boca en boca.
Los residentes comentaron que diariamente ven anuncios de los coyotes que prometen llevarlos a Estados Unidos. En al menos una estación de radio de la comunidad en Quetzaltenango, los traficantes ofrecen con regularidad transporte para los migrantes, así como ayuda financiera para sus viajes hacia el norte.
También están activos en las redes sociales. Algunos han promocionado sus servicios en Facebook, ofreciendo llevar a los migrantes a cualquier lugar de la “unión americana”.
Gracias a la exhortación de los funcionarios estadounidenses, el gobierno guatemalteco ha comenzado a ofrecer recompensas a la gente que entregue a los traficantes. Pero ha sido difícil lograr que la gente lo haga.
“Nadie los entregará porque dentro de la comunidad no los ven como malas personas”, comentó Dora Alonzo, de 27 años, quien administra una organización en Quetzaltenango para evitar que los niños intenten emigrar a Estados Unidos. “Pero todos saben quiénes son”.
McAleenan, inspector de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, afirmó que era muy pronto para evaluar si había funcionado la nueva campaña de mensajes en español y en lenguas indígenas. “Tenemos que darle algún tiempo para ver si logra llegar a esa audiencia y se produce la disuasión con eficacia”, señaló.
En Concepción Chiquirichapa, Liset Juárez comentó que —después de casi media docena de intentos— su esposo finalmente llegó a Estados Unidos y planea quedarse tres años. Con el dinero que gane como jornalero, intentarán pagar su deuda y ahorrar dinero para abrir otro negocio.
Cuando le preguntamos si piensa reunirse con su esposo en Estados Unidos, negó con la cabeza. “No puedo abandonar a mis hijos”, señaló. “Tengo tres hijos y debo seguir aquí”.
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