Santo Domingo, 21 may (EFE).- Miles de dominicanos se sumaron hoy a la movilización convocada por el movimiento Marcha Verde en Azua (sur) para protestar contra la corrupción, acción en la que los organizadores acusaron al presidente de la República, Danilo Medina, de “obstruir la ley y favorecer la impunidad en el caso Odebrecht”.
Las redes sociales han sido el principal canal para anunciar e invitar a los ciudadanos a participar en esta manifestación que, bajo el lema #ElSurMarcha, partió a las 10.00 hora local para recorrer unos tres kilómetros.
Al finalizar el recorrido, los convocantes leyeron un comunicado afirmando que, tanto el presidente como el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, “operaron para que en el acuerdo con la multinacional brasileña se excluyeran los casos de las sobrevaluaciones de obras y la recuperación de los más de dos mil millones de dólares robados al pueblo dominicano a través de esa modalidad de delincuencia política y empresarial”.
Según la Marcha Verde, Medina “se auto colocó al margen de la ley al conformar con monseñor Agripino Núñez Collado y otros notables una comisión para que rinda un informe favorable sobre la contratación de plantas a carbón de Punta Catalina, las cuales, según expertos, están sobrevaluadas y son las más caras del mundo”.
Además exhortaron a Medina a “dar la cara como han hecho otros presidentes latinoamericanos” en relación con el caso Odebrecht y a dar los nombres de los implicados, ahora que obran en poder de las autoridades los documentos remitidos por las autoridades de Brasil el pasado miércoles.
Al recibir los archivos, el procurador anunció que haría pública la información una vez se deposite en los tribunales y que próximamente habrá sometimientos al respecto, pero pidió paciencia a la población puesto que el proceso de análisis y escaneado de los datos para ponerlos a disposición de la ciudadanía llevará unos días.
Sin embargo, para el movimiento, el procurador “sigue con sus tácticas dilatorias buscando bajaderos para facilitar las componendas y una nueva burla al pueblo”, al que, en su opinión, se está obligando a “mantener contratos con un ladrón como Odebrecht”.
Además se reiteraron sus demandas habituales de cárcel para los corruptos, recuperación de lo robado y la anulación de los contratos con la multinacional.
Desde Marcha Verde también condenaron los hechos represivos registrados la semana pasada frente a la sede de la Procuraduría General de la República, cuando se impidió la instalación de un campamento y se detuvo a nueve jóvenes promotores de la iniciativa y, posteriormente, se impidió el acceso a un grupo de diputados que querían entrar en la sede.
Por último, denunciaron que “la corrupción y la impunidad ejercidas y promovidas desde el Palacio Nacional son responsables de los altos niveles de pobreza que se padecen en las comunidades del Sur de República Dominicana, donde más de 70 de cada 100 hogares son pobres, casi un 100 % en las provincias fronterizas”.
Según el movimiento, los más de dos mil millones en sobrevaluaciones de obras de Odebrecht habrían logrado cambiar gran parte de la realidad de la zona, invirtiéndolo en hospitales, proyectos agrarios, infraestructuras, etcétera, “además de mejorar las condiciones de nuestras comunidades, de nuestras mujeres y generar esperanzas en la juventud”.
El pasado 19 de abril, un juez dominicano validó un acuerdo entre la Procuraduría General y la constructora Odebrecht, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas, y revelar en 30 días los nombres de los beneficiados. EFE
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