El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, provocó este domingo una crisis política al tratar de expulsar al exmagistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de una misión de la ONU contra la impunidad que pidió a la justicia retirar su inmunidad por presunta corrupción.
La decisión, que fue frenada temporalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC) --máxima instancia judicial del país--, generó una ola de protestas y la renuncia en bloque de la cúpula del Ministerio de Salud y un alto funcionario como señal de rechazo. El canciller fue además destituido.
"Declaro non grato al señor Iván Velásquez (...) Ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala", anunció Morales en un video difundido en las redes sociales.
En otro mensaje, justificó la medida al señalar que Velásquez "se inmiscuyó en asuntos internos que competen con exclusividad al Estado de Guatemala" e "intentó presionar a los diputados para la aprobación de reformas constitucionales".
Por otro lado, afirmó que el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) violó la "presunción de inocencia de ciudadanos guatemaltecos".
El tema no tardó en generar reacciones internacionales. El Departamento de Estado de EE.UU. dijo estar "profundamente preocupado" por la decisión de Morales: "El señor Velásquez ha sido un líder efectivo de la Cicig en su lucha contra la corrupción en Guatemala", dijo en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
"La Cicig ha jugado y debe seguir juntando un importante papel en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas y en el derribo de la corrupción que socava la seguridad y la prosperidad en Guatemala", añadió Nauert.
En ese sentido, la portavoz dijo que "sigue siendo crucial" que se permita a la Cicig "trabajar libre de interferencias por parte del gobierno guatemalteco".
Iván "el temible", el colombiano que puso en jaque dos Gobiernos
A Iván Velásquez, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los indignados le apodaron "el temible" y ese miedo que infunde allá por donde pasa ha llevado al presidente, Jimmy Morales, a declararlo persona "non grata" y pedirle que abandone inmediatamente el país.
Velásquez (Medellín, Colombia; 1955) es un hombre con una misión. O era. Limpiar la podredumbre que rodea a funcionarios y empresarios, atacar la corrupción y la impunidad endémicas, y combatir el crimen organizado.
Desde que asumió el mandato de la Cicig en el año 2013, un ente adscrito a la ONU desde su creación en 2007, su mensaje en favor de la Justicia y en contra de la impunidad no titubeó.
Durante 2015, junto con el Ministerio Público (MP-Fiscalía), mantuvo en vilo al país y terminó precipitando la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina, y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, después de que el Congreso les retirara la inmunidad y emitiera una orden de captura.
Desde entonces, Velásquez, junto a su "fiel seguidora" la fiscal general, Thelma Aldana, han desarticulado decenas de casos, uno de los cuales involucra a José Manuel y Sammy, hijo y hermano, respectivamente, del presidente, y otro al propio mandatario. Probablemente el punto de inflexión para echarlo del país.
Toda esta lucha no es ajena para el exjuez colombiano Velásquez, ni tampoco su implicación en procesos de investigación extensos, complejos y peligrosos. En su país se dio a conocer como el "magistrado estrella" del escándalo de la parapolítica.
En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, y un año después fue electo como director regional de Fiscalías en Medellín (1997-1999), donde en conjunto con un equipo de investigadores inició una lucha frontal contra los grupos de autodefensas.
Fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el 2000. A partir de 2006 hasta agosto de 2012, coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas.
También reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados "narcopolíticos".
Fue ahí donde, como juez auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, lideró las investigaciones que acabaron en la condena de decenas de políticos por su relación con grupos paramilitares, entre ellos un familiar del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).
Velásquez, quien estudió Derecho en la Universidad de Antioquia, fue director del Colegio Antioqueño de Abogados "Colegas", donde adelantó campañas contra el entonces denominado "Estatuto de defensa de la justicia", que establecía los jueces sin rostro y los testigos secretos.
Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia, donde inició investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil.
En ese cargo logró consolidar la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, la cual atendía denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos, y también impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, en el que participaron organizaciones sociales, iglesia Católica y autoridades.
En 2011 la International Bar Association (IBA) le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos, y en 2012 la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales.
Gobierno ilegítimo
Morales, un excomediante de televisión, ganó la presidencia en 2015 en medio de la crisis política desatada por los actos de corrupción durante la gestión de Pérez.
Derechista y de religión protestante, el mandatario de 48 años ha ido perdiendo popularidad desde que asumió el 14 enero de 2016, al no responder a las demandas ciudadanas de impulsar políticas estrictas de transparencia.
Según el activista de derechos humanos Jorge Santos, la decisión de expulsar a Velásquez abre la puerta a una severa crisis en este país centroamericano al augurar protestas sociales como en 2015.
"Estamos frente a la presencia de uno de los gobiernos que perdió su legitimidad de manera casi que inmediata", declaró a la AFP Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
Procuradora pide a Morales acatar decisión judicial
La Procuradora General de la Nación guatemalteca, Annabella Morfín, exhortó al presidente Jimmy Morales, a reconsiderar la intención de expulsar a Iván Velásquez.
En este sentido, pidió al mandatario "cumplir con las resoluciones emanadas por los órganos jurisdiccionales", en relación al amparo de la Corte Constitucional que deja en suspenso provisional la expulsión del colombiano Velásquez
Morfin, apelando a su calidad de representante de la "unidad nacional" y teniendo en cuenta las repercusiones "políticas, sociales, económicas y jurídicas" nacionales e internacionales que provoca esta situación, solicitó al presidente Morales que reconsidere su decisión de declarar non grato al comisionado.
Por ello, en un comunicado le pide esperar a que la ONU resuelva los planteamientos realizados, en referencia al criterio del Gobierno de que la Cicig se debe circunscribir a cumplir estrictamente con su mandato.
La Procuradora pide además a todos los funcionarios que sigan en sus puestos para resguardar los intereses nacionales, a los medios de comunicación que informen de manera responsable y a la población que mantenga la calma y la confianza en el Estado.
fuente elespectador.com
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