Desde hace por lo menos un año, múltiples organizaciones vienen insistiendo en que la crisis humanitaria de Venezuela está creando también una crisis regional de refugiados venezolanos. El pasado viernes, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo confirmó el director legal de Acnur para las Américas, Juan Carlos Murillo, cuando dijo que quienes salen de ese país por la crisis requieren el estatus de refugiados. Lo preocupante es que la realidad va en sentido contrario: hay cada vez más venezolanos solicitantes de refugio, pero menos refugiados.
La crisis humanitaria de Venezuela está marcada por la escasez de alimentos, la falta de medicamentos y de atención adecuada en centros hospitalarios, así como la falta de una respuesta estatal para suplir estas necesidades y garantizar derechos básicos. A esto se suman la situación de riesgo de defensores de derechos humanos, la represión de las manifestaciones, la detención sin debido proceso, la vulneración de garantías y derechos políticos, la inseguridad rampante, entre otros problemas por los cuales miles de venezolanos han salido de su país, unos de manera forzada y otros no, unos de manera regular y otros no.
“Es claro que los venezolanos no salen a buscar mejores oportunidades económicas, sino que muchos salen para sobrevivir. El problema es de refugiados. Hay unanimidad entre múltiples instancias y organizaciones internacionales, incluso organizaciones venezolanas, como colegios de médicos, respecto a esta violación masiva de derechos por la cual huyen personas en busca de protección”, dice Jorge Acero, director regional de servicios legales y enlace comunitario de Asylum Access América Latina.
El informe de las organizaciones solicitantes dice que hasta 1992 los venezolanos en otros países no excedían los 300.000 y tenían cerca de 20 países de destino. Para 2015, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó en 606.281 los que salieron de Venezuela. Ahora, distintos estudios hablan de entre 1’500.000 y 2’500.000 venezolanos en 94 países distintos. Es difícil tener números exactos debido a la opacidad de las cifras oficiales (el Estado venezolano no reconoce que exista crisis humanitaria y que por lo tanto sea un país expulsor de población) y al considerable volumen de la migración irregular.
El director legal de Acnur señaló en la audiencia que en Venezuela vemos cómo un país que fue de los más generosos en protección a refugiados se convierte en país de origen de solicitantes de refugio. Enfatizó que “esta región debe estar preparada para una nueva crisis de refugiados y en consecuencia se debe garantizar acceso, derecho de asilo y el principio de no devolución (...) Acnur hace un llamado enfático a que los estados que reciben venezolanos no los devuelvan a su país de origen mientras la presente situación no cambie de manera significativa”.
En cuanto a las cifras, dijo que si bien no hay mucha información confiable, algunos datos preliminares encienden las alarmas: “En Colombia se habla de más de un millón de venezolanos. El caso del Caribe es desproporcionado: en Aruba, con una población de 120.000 personas, se habla de más de 20.000 venezolanos. Dependiendo de cuál Estado o territorio sea en el Caribe, se trata de más del 10 % de la población de ese territorio o país”.
El problema es que la cantidad de solicitantes de asilo aumenta, mientras la cantidad de refugiados disminuye. Según el comunicado de la CIDH y Acnur por el Día Mundial del Refugiado (20 de junio), en 2012 había 505 venezolanos solicitantes de refugio y 8.208 venezolanos refugiados en el mundo. Para 2016, eran 45.088 solicitantes y 7.537 refugiados. Es decir, entre 2012 y 2016 hubo un aumento del 8.828 % de solicitantes, mientras que en el mismo período la cantidad de refugiados se redujo 8 %.
El impacto migratorio no es sólo problema de los países vecinos. En Argentina, por ejemplo, la comunidad venezolana se duplicó en 2016. El país pasó de tener 13.049 venezolanos registrados en 2015 a 24.347 al cierre de 2016, según la Dirección Nacional de Migraciones. Este incremento se explica por la facilidad para tramitar la residencia en menos de un mes y vivir y trabajar legalmente durante dos años, según lo convenido en el Mercosur.
A las organizaciones de sociedad civil les preocupa que, mientras aumenta la cantidad de venezolanos en Argentina, el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 obstaculiza el ingreso y la permanencia de migrantes y acelera la expulsión de personas con antecedentes penales, ignorando su estado migratorio.
Además de Argentina, los principales países de destino de los venezolanos son Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y Estados Unidos, según la OIM. En todos ha aumentado la migración de venezolanos y de venezolanos solicitantes de refugio, entre 2014 y 2016.
En Brasil son más de 12.000 venezolanos los que han entrado y permanecido desde 2014. Sólo durante los primeros once meses de 2016 entraron 7.150. Y hay una evidente demora en los trámites de solicitudes de refugio: hasta el 31 de diciembre del año pasado sólo se habían resuelto 89 de los 4.670 casos de venezolanos que habían pedido asilo desde 2012 y se había concedido asilo en 34 de esos casos.
Un punto crítico en Brasil es el estado fronterizo de Roraima, donde “la migración sin precedentes (...) está poniendo al límite de su capacidad al sistema público de salud, que ya estaba saturado”, dice el informe de los solicitantes. En 2016, 514 venezolanos fueron deportados de Roraima, mientras que los deportados en 2015 fueron 20, según la Policía Federal de ese estado.
En Colombia hay por lo menos 300.748 venezolanos, de los cuales sólo 47.305 están de manera regular, 153.443 superaron el tiempo de permanencia y entre 100.000 y 140.000 ingresaron de manera irregular, según Migración Colombia. En una frontera tan porosa y extensa como la colombo-venezolana, donde hasta ahora se implementan herramientas de monitoreo con apoyo de la OIM, es posible que las cifras y los desafíos sean mayores. Como dijo el director legal de Acnur, se podría hablar hasta de un millón de venezolanos en territorio colombiano.
A diferencia de Argentina o Uruguay, Colombia suspendió desde 2014 la visa Mercosur para venezolanos, por falta de reciprocidad de parte del país vecino.
En Colombia también hay un incremento de solicitantes de refugio venezolanos. En el 2015 fueron 119 solicitudes y a mediados de 2016 ya se contaban 191. Datos de Cancillería citados por Codhes indican que sólo durante marzo pasado se presentaron 212 solicitudes. En los últimos 10 años, son los venezolanos quienes más han solicitado asilo, después de los cubanos. Según el informe temático de la audiencia en la CIDH, no se tiene información sobre tasas de reconocimiento, pero “se ha reportado un período extenso de tiempos de respuesta y la imposibilidad de ejercer su derecho al trabajo”.
Para la población pendular, que viene a Colombia temporalmente y regresa a Venezuela, se implementa la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) desde mayo de 2017. Esto ha facilitado la movilidad en zonas de frontera para al menos 455.094 venezolanos, pero tiene limitaciones a la temporalidad (no puede exceder los seis meses), la posibilidad de movilizarse más allá del territorio fronterizo y el acceso a derechos como trabajo, salud, seguridad social, educación o actividades financieras.
Jorge Acero señala que la TMF “no es una medida de protección ni una respuesta humanitaria, pues no se trata de que la persona pueda cruzar la frontera a comprar víveres y volver a su país. Eso incluso puede ir en contra del principio de no devolución y mantiene la posibilidad de que sea detenida o deportada si no cumple ciertos requisitos. A la par de esto, en Colombia se han multiplicado las sanciones, incluyendo deportación o sanciones económicas a venezolanos”.
Según datos de Migración Colombia citados en el informe temático de la audiencia, las sanciones a venezolanos “incluyen deportaciones —11 en 2012, frente a 861 en lo corrido de este año—; expulsiones —pasaron de cuatro a 111—, y sanciones económicas —de 1.098 personas en 2012 ya llegan a 1.815 en menos de cinco meses—”.
Los estados de las Américas no sólo enfrentan la necesidad de buscar soluciones a la crisis interna de Venezuela, sino de priorizar una respuesta efectiva para los venezolanos que están fuera de las fronteras de ese país. Una opción es, como señalan los solicitantes de la audiencia, el trámite de visas humanitarias que permitan “regularizar la permanencia de personas no refugiadas pero cuyo retorno no es posible o recomendable por razones humanitarias u otras de especial relevancia”.
fuente elespectador
