La audiencia para conocer medida de coerción contra los implicados en la Operación Lobo fue aplazada para el próximo lunes a las 2:00 de la tarde, según dispuso este jueves la jueza del caso. La magistrada también autorizó a los abogados a utilizar computadoras sin conexión a internet dentro de la sala, a fin de presentar sus medios de defensa.
El caso involucra a una presunta red de corrupción integrada por militares, policías y civiles, acusados de gestionar contratos de seguridad privada en instituciones del Estado a cambio de sobornos.
El expediente del Ministerio Público señala que el grupo habría recibido más de RD$100 millones y que tiene más de 500 pruebas nen contra de los imputados.
Tras la suspensión de la audiencia, la procuradora adjunta Mirna Ortiz fue tajante: “Vamos por más”.
Posiciones encontradas
El abogado Carlos Balcácer, quien representa a uno de los imputados, afirmó que «lo importante en esto es que los hechos de sobornos provino del ente estatal y felizmente el pueblo dominicano no ha perdido un peso en ello, lo que se ha perdido es la confianza en la administración pública».
Por su parte, Félix Portes, defensor del coronel Andrés Pacheco Valera, indicó que ya se les notificó la solicitud de coerción y las pruebas. Sin embargo, señaló que no ha podido entrevistarse con su cliente antes de la audiencia.
¿Quiénes están implicados?
El Ministerio Público depositó la solicitud de coerción contra 15 personas arrestadas el pasado martes, quienes permanecen en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Entre los imputados se encuentran:
- El mayor general retirado Ambrosio Robles Díaz
- Los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez, Elías Camaño Pérez (Ejército Nacional)
- El primer teniente Wellington Peralta Santos
- El coronel Yorbyn Eufracio Aybar (Fuerza Aérea)
- El coronel Bolívar Nicolás Fernández Espinal (Policía Nacional)
- El empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González
- El coronel Ramón Quezada Ortiz y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal
El órgano acusador solicitó prisión preventiva para diez de los detenidos y que el caso sea declarado complejo.
Instituciones afectadas
Según el expediente, las acciones de la red perjudicaron al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y EdeEste.
fuente:hoy.com.do
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