SANTO DOMINGO,-El ex presidente Hipólito Mejía afirma que en América Latina y El Caribe, la corrupción se apropia de recursos económicos públicos y privados que, bien usados, podrían servir al bien común, deberían servir para mejorar la calidad de vida de las familias, el fortalecimiento institucional y una distribución más equitativa de la riquezas de los países de la región.
Afirmó que una evidencia de esa realidad es que sólo en el año 2015 la corrupción costó en el área cerca de ciento cuarenta y dos mil novecientos veinte millones de dólares, cifra que representa el tres por ciento de lo que se produce en la región.
El ex Presidente Mejía disertó sobre el tema " Política y Corrupción" en la Octava Conferencia Regional. de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), celebrada en un hotel del este del país.
Mejía expresó: "Quiero hacer algunas propuestas que, espero, sean de utilidad para la UITA y otras instituciones genuinamente comprometidas con la transparencia en América Latina y El Caribe.
En primer lugar, se requiere llegar a un consenso para consolidar las instituciones públicas a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. Una legislación para castigar a los servidores públicos involucrados en actos corruptos en el ejercicio de sus funciones, la cual requiere de una voluntad política firme, constante y decidida. Además de disuadir la corrupción, esa legislación serviría para castigarla y para asegurar la recuperación de los bienes públicos robados por esos funcionarios corruptos.
Esa legislación debe establecer los mecanismos para penalizar a comerciantes y empresarios que actúen en contubernio con funcionarios públicos para beneficiar sus empresas y negocios.
En segundo lugar, es imperativo fortalecer la competitividad, la cual, más que la panacea contra la corrupción, sirve para transparentar los vínculos entre el Estado y el sector privado y es otra como forma de disminuir los incentivos a la corrupción.
La competitividad obliga a cumplir con normas internacionales de transparencia y a reducir las distorsiones en el mercado causadas por la corrupción.
La comunidad internacional, de manera particular las agencias internacionales de financiamiento y cooperación y los organismos preocupados por la protección del medio ambiente, los intereses de los trabajadores, el lavado de activos y el narcotráfico, entre otros males, está llamada a jugar un papel destacado en fortalecer la competitividad y debilitar la corrupción.
En tercer lugar, proponemos fortalecer la transparencia de los sistemas de licitación y adquisiciones públicas. Entendemos que es insuficiente la publicación de los términos formales en que se hacen esas transacciones, las cuales, en muchas oportunidades han sido aprobadas de antemano.
Es de rigor que las instituciones del Estado cumplan y hagan cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, promulgada el 28 de julio del 2004, durante mi ejercicio presidencial.
Las veedurías en esas instituciones deben servir para fortalecerlas y hacerlas más transparentes, en lugar de acomodarse a la falta de transparencia.
En cuarto lugar, proponemos llegar a un consenso para que las políticas sociales realmente contribuyan a reducir la desigualdad social y a luchar contra la pobreza, antes que ser instrumentos clientelistas para mantenerse en el poder.
El modelo a superar es aquel que usa la asistencia social a los más desposeídos, para comprar conciencias y ganar el voto de los pobres en base al miedo de perder la ayuda oficial.
Está demostrado que los programas sociales que operan sin transparencia son vulnerables a la corrupción, especialmente en coyunturas de catástrofes naturales y/o de campañas electorales.
Es necesario priorizar la capacitación de nuestra gente como garantía para que la población socialmente excluida se vincule a procesos productivos y mejore sus ingresos.
Como dice el proverbio chino, "Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida"
En quinto lugar, los últimos procesos electorales han demostrado que es inaplazable reformar la Ley Electoral y aprobar una Ley de Partidos Políticos, para garantizar la imparcialidad de las Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral.
En las últimas elecciones esas instituciones han sido instrumentos al servicio del PLD. Asimismo, es imperativo poner límites a los gastos en las campañas y regular el financiamiento de los partidos y el uso equitativo de los medios de comunicación.
En sexto lugar, es inaplazable llegar a un consenso para que la justicia esté en manos de tribunales y fiscales independientes de los otros poderes del estado.
En séptimo lugar, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para tener equilibrio en el poder legislativo. En el caso dominicano, es alarmante el desequilibrio legislativo, es decir, senadores y diputados, a favor del partido en el gobierno, para lo que se requerirá de una profunda modificación del sistema electoral.
Es obvio que la mayoría de los candidatos del partido de gobierno se imponen con el apoyo directo de los fondos de las instituciones públicas, como ocurrió en todos los niveles en las pasadas elecciones.
En octavo lugar, vamos a estimular la movilización social. La protesta pública es un recurso ciudadano que, cuando no se ejerce, debilita la democracia.
Por último, debemos trabajar a favor del adecentamiento de la política, condición imprescindible para enfrentar la corrupción en nuestros países. Es axiomático que la política degradada alimenta la corrupción.
"Se asume, sentenció, que la corrupción ocurre cuando se usa el poder que otorga la cercanía con el aparato político oficial, para apropiarse en beneficio personal y privado de recursos destinados al bien común. La corrupción, pues, es una negación de la transparencia".
El ex mandatario señaló al destacar la relación entre política y corrupción que se fundamenta en la combinación de control extraordinario que disfruta el aparato estatal de recursos naturales, empresas e instituciones unido a la debilidad institucional.
"Es precisamente para acceder y mantener ese control que muchos políticos y empresarios invierten dinero, compran conciencias, debilitan instituciones, desmovilizan a la sociedad, controlan medios de comunicación, usan el clientelismo, practican la extorsión, promueven el favoritismo, alimentan el nepotismo, y, cuando es necesario, recurren al terror y al miedo", dijo.
Relación entre política y corrupción
"En otras palabras, la corrupción en la región no es un fenómeno natural ni espontáneo. Es la expresión de un proyecto de control social que tiene actores, nombres y apellidos", señaló
Entre las causas que explican el origen y la reproducción de ese proyecto de control, es imperativo resaltar sus efectos económicos, medioambientales, sociales y políticos que causa el flagelo en la sociedad y en los ciudadanos.
Expresó que entre los efectos económicos se destacan el daño que hace a la competitividad, particularmente por la falta de transparencia, resaltando que la opacidad de las reglas del juego favorece la competencia desleal, el tráfico de influencia, y el soborno.
Recalcó "La ineficiencia y las distorsiones en las actividades comerciales y empresariales son inherentes a esa realidad en nuestros países".
Manifestó que "La grosera contaminación de nuestros ríos y mares, la grave deforestación de nuestras áreas protegidas, y la extracción no regulada de nuestros recursos mineros, son ejemplos inocultables de este fenómeno. Y eso ocurre a pesar de la existencia de leyes y regulaciones para evitarlo".
"Muchos partidos políticos, como ocurre en la República Dominicana con el Partido de la Liberación Dominicana, son verdaderas corporaciones, cuyo objetivo central es mantenerse en el poder para beneficiar a su élite. Apoyan en políticas clientelistas y reparten las migas a los pobres, para mantenerlos atrapados en el círculo vicioso de la pobreza", enfatizó
"Es de consenso que cuando esos partidos controlan las instituciones que regulan los procesos electorales y así, debilitan nuestra democracia, como ocurre en República Dominicana, provocando el desinterés en la política que tiene parte de nuestra población, que se expresa en una creciente abstención electoral, es una expresión del daño que hace la corrupción al tejido social de nuestros países", dijo.
Los políticos corruptos se nutren en la desmovilización social.
En esa parálisis colectiva fenómeno que se expresa en la indiferencia y en la no participación en la protesta pública.
"A pesar de la fuerza de ese esquema, nos parece insuficiente porque soslaya, de la esfera política pública, al poder fáctico y a la sociedad civil. En efecto, ambas instancias sociales, sin ser formalmente parte del funcionariado político, pueden tener y tienen una extraordinaria influencia política", recalcó.
Consecuentemente, expresó, pueden inclinar la balanza a favor de la transparencia o de la corrupción y como se ha visto recientemente en varios países de la región, que en condiciones particulares, empresas privadas han sido actores claves en procesos de corrupción que amenazan la competitividad, la estabilidad política y la paz social.
A su entender causas de la corrupción son, fundamentalmente, de tres tipos.
En primer lugar, están las causas de naturaleza económica, es decir, el mundo del intercambio de bienes y servicios, usualmente regulado por las leyes del mercado.
En segundo lugar, existen las causas político-institucionales, es decir, los espacios normados por las leyes donde los gobernantes y los gobernados ejercen los derechos y deberes establecidos por la Constitución y las Leyes. Ese es el mundo institucional del contrato social que busca asegurar la gobernabilidad y el bien común.
La ruptura de ese contrato social, especialmente la pérdida de confianza en las instituciones, es una grave amenaza a la democracia.
Y, en tercer lugar, están las causas culturales, es decir, la manera en que en el presente los ciudadanos y las ciudadanas de un país valoran y se vinculan a la corrupción, la transparencia y la política, a partir de sus vivencias históricas colectivas y las expectativas personales y grupales.
Resalto que es de primer orden, entender las dimensiones éticas y morales de las causas culturales de la corrupción, para corregir el grave mal, ya que no sólo hace daño a las instituciones y a las leyes, sino que también corrompe el alma de los pueblos.
Al preguntarse ¿Cuál debe ser el rol de los partidos políticos, los empresarios, los trabajadores organizados, la sociedad civil y la comunidad internacional?
Mejía expresó: "Quiero, en esta última parte de mi intervención, abordar estas preguntas ineludibles haciendo algunas propuestas que, espero, sean de utilidad para la UITA y otras instituciones genuinamente comprometidas con la transparencia en América Latina y El Caribe.
En primer lugar, se requiere llegar a un consenso para consolidar las instituciones públicas a nivel ejecutivo, legislativo y judicial. La rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos es un componente esencial de ese fortalecimiento institucional.
Una dimensión crucial de ese consenso es la legislación para castigar a los servidores públicos involucrados en actos corruptos en el ejercicio de sus funciones, la cual requiere de una voluntad política firme, constante y decidida. Además de disuadir la corrupción, esa legislación serviría para castigarla y para asegurar la recuperación de los bienes públicos robados por esos funcionarios corruptos.
Esa legislación, para que sea efectiva, debe también establecer los mecanismos para penalizar a comerciantes y empresarios que actúen en contubernio con funcionarios públicos para beneficiar sus empresas y negocios.
En segundo lugar, es imperativo fortalecer la competitividad de nuestras economías como forma de disminuir los incentivos a la corrupción.
La competitividad, más que ser en sí misma la panacea contra la corrupción, sirve para transparentar los vínculos entre el Estado y el sector privado.
Asimismo, la competitividad obliga a cumplir con normas internacionales de transparencia y a reducir las distorsiones en el mercado causadas por la corrupción.
La comunidad internacional, de manera particular las agencias internacionales de financiamiento y cooperación y los organismos preocupados por la protección del medio ambiente, los intereses de los trabajadores, el lavado de activos y el narcotráfico, entre otros males, está llamada a jugar un papel destacado en fortalecer la competitividad y debilitar la corrupción.
En tercer lugar, proponemos fortalecer la transparencia de los sistemas de licitación y adquisiciones públicas. Para tal fin, entendemos que es insuficiente la publicación de los términos formales en que se hacen esas transacciones, las cuales, en muchas oportunidades han sido aprobadas de antemano.
Es de rigor, en ese sentido, que las instituciones del Estado cumplan y hagan cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual fue promulgada el 28 de julio del 2004, durante mi ejercicio presidencial.
Las veedurías en esas instituciones deben servir para fortalecerlas y hacerlas más transparentes, en lugar de acomodarse a la falta de transparencia.
En cuarto lugar, proponemos llegar a un consenso para que las políticas sociales realmente contribuyan a reducir la desigualdad social y a luchar contra la pobreza, antes que como instrumentos clientelistas para mantenerse en el poder.
En ese sentido, el modelo a superar es aquel que usa la asistencia social a los más desposeídos, para comprar conciencias y ganar el voto de los pobres en base al miedo de perder la ayuda oficial.
Está demostrado que los programas sociales que operan sin transparencia son vulnerables a la corrupción, especialmente en coyunturas de catástrofes naturales y/o de campañas electorales.
Para superar la pobreza que abunda en nuestra región, es necesario priorizar la capacitación de nuestra gente. Esa capacitación es la garantía para que la población socialmente excluida se vincule a procesos productivos y mejore sus ingresos.
Como dice el proverbio chino, "Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida"
En quinto lugar, los últimos procesos electorales han demostrado que es inaplazable reformar la Ley Electoral y aprobar una Ley de Partidos Políticos, para garantizar la imparcialidad de las Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral que en las últimas elecciones han sido instrumentos del servicio del PLD. Asimismo, es imperativo poner límites a los gastos en las campañas y regular el financiamiento de los partidos y el uso equitativo de los medios de comunicación.
En sexto lugar, es inaplazable llegar a un consenso para que la justicia esté en manos de tribunales y fiscales independientes de los otros poderes del estado.
En séptimo lugar, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para tener equilibrio en el poder legislativo. En el caso dominicano, es alarmante el desequilibrio legislativo, es decir, senadores y diputados, a favor del partido en el gobierno, para lo que se requerirá de una modificación del sistema electoral.
Sin lugar a dudas, la mayoría de los candidatos del partido de gobierno se imponen con el apoyo directo de los fondos de las instituciones públicas, como ocurrió en todos los niveles en las pasadas elecciones.
En octavo lugar, vamos a estimular la movilización social. La protesta pública es un recurso ciudadano que, cuando se inhibe, debilita la democracia.
Por último, debemos trabajar a favor del adecentamiento de la política. Esa es una condición necesaria para enfrentar la corrupción en nuestros países. Es axiomático que la política degradada alimenta la corrupción.
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