Por Lic. Alejandro Jerez
Espinal
Cada segundo que transcurre,
en algĂşn lugar del mundo, un ser humano pierde lavida, producto de los traumatismos
de un accidente de tránsito, mientras que otros más afortunados son postrados a
vivir con problemas de discapacidad
temporal o permanente, convirtiéndose en una verdadera carga económica para sus
familiares, los sistemas de salud, programas de protecciĂłn social y el Estado,
aparte de las secuelas psicolĂłgicas de la propia vĂctima.
Como expresiĂłn de un
problema global que afecta a todos los paĂses, pero con mayor frecuencia e
intensidad a las naciones de bajo y mediano ingreso, se muestran algunos
titularesde los medios de prensa escrito y digital a nivel local e
internacional, que describen como“fallece menor de 17 años en choque de
motocicletas”, “dos hermanos fallecen al deslizarse Yipeta en AutovĂa del Este”,“luego
de tres muertes, Amet promete parar competencia en motocicletas”,” accidente de
tránsito en Panamá deja varios heridos”, “un muerto y dos heridos en accidente
de tránsito en ChiriquĂ”,”choque de camiĂłn contra un poste deja un menor muerto
en JunĂn”, y ponen de manifiesto una realidad que se agudiza con el paso de los
años.
Este drama se acrecienta
ante la complicidad de sectores empresariales ligados al transporte, sindicatos
de empleadores, sindicatos de trabajadores del transporte que privilegian su
interés particular, propiciando la motorización del transporte en manos del
sector privado, por encima del interés general que debe ir en la dirección de
aplicar soluciones de transporte pĂşblico masivo y verdaderas polĂticas de
protecciĂłn vial para disminuir los accidentes en las carreteras.
Con lo anterior se
evidencia, la indiferencia de algunos gobiernos de la Región de América Latina
y El Caribe, que por un lado promueven y aplican legislaciones pocos disuasivas
y que en ocasiones están divorciadas de la realidad de los paĂses y por el otro, las autoridades responsables de
fiscalizar y garantizar el cumplimiento
de la Ley, muestran, su falta de compromiso y
profesionalidad.
Factores de riesgos comoel
hecho de conducir a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol y estupefaciente,
el uso de teléfonos celulares, sumado a la práctica de no protegerse, cuando se
maneja sin el uso del cinturĂłn de seguridad, o el casco protector, en el caso
de motociclistas y ciclistas, deficiente educaciĂłn vial, vulnerabilidad en los
mecanismos de expediciĂłn de la licencia de conducir, infraestructura vial en
condiciones inadecuadas y vehĂculos con decenas de años de servicios que aĂşn
circulan en las carreteras, son realidades que tampoco ayudan aminorar las
muertes por lesiones de accidentes de tránsito.
Anualmente, 1.2 millones de
muertos en las carreteras y 50 millones de lesionados, es el resultado en todo
el mundo de los accidentes de tránsito, lo que representa una gran carga para
los paĂses en desarrollo, con un costo estimado en un 5% del PIB,
impactando de manera directa su
desarrollo y productividad y mermando la poblaciĂłn joven, pues, la principal causa
de muerte de ese segmento de 15 a 29 años de edad, tiene su origen en los
traumatismos generados por los accidentes de tránsito. En la RegiĂłnel Ăndice de mortalidad es de 15.9
personas por cada cien mil habitantes, cuyos extremos los constituyen Canadá y
RepĂşblica Dominicana con una tasa de mortalidad respectiva de 6 y 29.3 cada
uno, (OPS, 2016).
Los usuarios vulnerables de
las vĂas de tránsito, entiĂ©ndase, peatones, ciclistas y motociclistas, representan
el 45% de las defunciones en la RegiĂłn, OPS (2016), informaciĂłn que se
corresponde con las recientes declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Tránsito y
Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca de los Santos, de que el
62.9% de las muertes por accidentes de tránsito que ocurren en República
Dominicana, es en motocicletas.
El PaĂs como
signatario de la agenda 2030, que busca reducir a la mitad las muertes por
lesiones de tránsito para el año 2020, tiene ante sĂ un gran desafĂo, no solo
por el elevado costo al sistema de salud en la República Dominicana, sino también,
por los niveles de discapacidad que generan en la poblaciĂłn econĂłmicamente
activa, que es la que está en capacidad de producir y generar riquezas con su
fuerza de trabajo. Abordar el problema con toda la seriedad que amerita, debe
iniciar por lo más elemental en todo programa de protección vial, que es
desterrar para siempre en la mente y el corazĂłn de los usuarios de las vĂas de
tránsito, la cultura de no ceder el paso.
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