Este
miércoles cumple un año en la cárcel el detenido más prominente de las
protestas antigubernamentales en Venezuela en 2014, el político opositor
Leopoldo López.
Desde
entonces, su juicio ha avanzado poco, una vez cada tanto vuelven las denuncias
de tratamientos arbitrarios en la cárcel militar donde se encuentra y mes a mes
se han sumado más organizaciones internacionales de Derechos Humanos a rechazar
su detención, que consideran política.
Mientras
tanto, otros detenidos menos prominentes viven condiciones similares, según las
organizaciones y los abogados que los representan.
Uno es,
por ejemplo, el excalcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, que
está recluido en la misma cárcel que López, Ramo Verde.
Y otro es
Christian Holdack, un estudiante que, según varios informes de organizaciones
de DD.HH., sufrió agresiones físicas y psicológicas cuando lo arrestaron y hoy
es procesado junto a López.
Holdack,
como el líder opositor, es acusado de ser autor intelectual de las muertes y
autor material de los daños a edificios del Estado ocurridos aquel 12 de
febrero, que inauguró una ola de protestas de cuatro meses que dejó 43 muertos
y más de 800 heridos.
Y, según
la Fiscalía, 3.351 detenidos.
Varias
ONGs han denunciado que las autoridades abusaron de su poder en algunas
detenciones.
¿Cuántos son?
De esos
3.351 detenidos hoy no queda claro cuántos quedan en la cárcel.
Según las
cifras de la fiscal, Luisa Ortega Díaz, 41 personas permanecen privadas de
libertad por hechos relacionados a las protestas.
"De
las privadas de libertad, 27 son civiles y 14 funcionarios policiales y de la
Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB)", dijo en una rueda de prensa la
semana pasada.
Díaz no
detalló de qué están acusados cada uno de ellos ni reveló sus nombres.
Sin
embargo, aseguró que de las 3.351 personas detenidas, "1.436 fueron
sobreseídas, 1.402 acusadas, 6 están con archivo fiscal y 507 todavía están en
el proceso de investigación".
Algunas
denuncias incluyen detenciones de personas que no hacían parte de las
protestas.
Por su
parte, el defensor del Pueblo, Tareck William Saab, informó hace un mes que los
detenidos son 51, de los cuales 14 son funcionarios de la policía acusados de
abuso de la autoridad o tratos crueles.
Su
identidad, añadió, "es parte de la reserva legal".
Mientras
tanto, el Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que ha dado
apoyo legal a muchos de los detenidos, dice que son 60, sin incluir a los
funcionarios del Estado.
"Nosotros
(el Foro Penal) nos ponemos a disposición de la Fiscal para compartir estas
cifras, sin temor a corregirlas, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta
para reunirnos", dijo Alfredo Romero, director de la organización, la
semana pasada en una rueda de prensa.
El dato
del número de detenidos hoy, pues, no es claro. Como tampoco es el dato de los
muertos en las protestas: el Ministerio Público contó 43, la Defensoría del
Pueblo 48 y el Foro Penal, 44.
Y de esas
muertes, solo una ha sido oficialmente resuelta por la justicia.
A un año
de las protestas, son más las preguntas que las respuestas.
De las 43
muertes que hubo en las protestas, solo una fue resuelta por la justicia.
En qué están
Aunque
todos los casos de los detenidos son distintos, los expertos en DD.HH.
coinciden en que hay varios puntos de coincidencia.
Primero,
"todas son personas que no han sido sentenciadas, sino que están siendo
procesadas en un tribunal", le dice a BBC Mundo Nizar El Fakih, un abogado
del centro de DD.HH. de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas
que ha seguido de cerca más de 1.000 de estos casos.
"Segundo,
son personas que cuyos juicios, como en el caso de López, han sido diferidos
varias veces", dice, sobre una tendencia que muchos opositores ven como
una forma de mantenerlos en prisión.
Y
tercero, continúa, "en la mayoría de estos casos se ha violado el debido
proceso, pues se priva de libertad con un análisis demasiado flexible de si hay
o no un peligro de que el acusado se fugue o de si puede obstaculizar el
proceso".
Sin
embargo, tanto la Fiscal como el Defensor del Pueblo han manifestado que, según
ellos, se ha respetado el debido proceso.
Expertos
dicen que los delitos que cometieron manifestantes fue más la excepción que la
regla, como argumenta el oficialismo.
De qué los acusan
La
mayoría de los más de 3.000 detenidos durante las protestas fueron o son
acusados, sobre todo, de tres delitos: instigación pública (llamar a otros a
cometer delitos), obstaculización de vía públicas con el objeto de producir un
siniestro y agavillamiento (asociarse con otros para cometer delito).
Ese, por
ejemplo, es el caso de Leopoldo López. Sin embargo, no queda claro de qué están
acusados todas las demás personas que siguen en la cárcel por las protestas.
Los
informes de las organizaciones de DD.HH. (entre las que se incluyen la ONU y
Human Rights Watch) coinciden en que la mayoría de los más de 3.000 casos de
arresto representan una violación a los DD.HH., sea por detención arbitraria o
tratamiento indebido.
Sin
embargo, estos informes admiten que durante las protestas de hace un año una
minoría de manifestantes cometieron delitos.
"La
mayoría de los detenidos son claramente inocentes y hemos podido verificar que
fueron arrestados, y a veces maltratados, por su simple desacuerdo con el
gobierno", dice El Fakih.
"Pero
hubo excepciones", añade.
"Desde
el Centro de Derechos Humanos de la UCAB no hemos negado que en algunos casos
aislados hubo violaciones a la ley de parte de algunas personas que se
encontraban manfiestando, pero siempre hemos insistido en que es una excepción,
a diferencia de la narrativa del gobierno, que dice que todos los detenidos
fueron violentos", concluye.
Y pone el
ejemplo del último informe sobre las protestas que publicó -en julio- el
Ministerio Público, que según él con solo el título criminaliza de entrada a
todos los manifestantes: "Resultados de las manifestaciones violentas
febrero-junio 2014".
fuente: bbc.co.uk
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