SANTO DOMINGO. Algunos residentes del Batey Bombita, en Barahona, todavía buscan en la orilla de las cañadas alguna explicación a la matanza de peces ocurrida el pasado sábado en el proyecto Piscícola La Bombita, una iniciativa de un grupo de mujeres de la comunidad que han apostado su medio de sustento a la crianza y venta de tilapias.
Los campesinos miran al agua y algunos restos quedan flotando de las más de 15 mil unidades de peces muertas, como si esperaran que en algún momento una de ellas recobre vida y condiciones humanas y les indique al asesino.
Desconcertados siguen el camino, y en sus rostros dejan ver la tristeza de saber que un proyecto en el que han invertido dinero, trabajo y esperanzas de superación, tal vez no resista otra pérdida similar, y fracase.
Por lo menos, una comisión de investigadores compuesta por el fiscal titular de Barahona, Ariel Gómez Rubio, el procurador fiscal para Delitos Ambientales, Juan Carlos Dotel, y el director provincial de Medio Ambiente, Luis Piña, junto a técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, tomaron el martes algunas muestras de agua y de los peces, que analizarán para confirmar si se trató o no de un envenenamiento como todos en la comunidad presumen.
También los investigadores han realizado algunos interrogatorios en procura de pistas que los lleven a los responsables, aunque quedan sujetos a los resultados de los análisis para profundizar sus pesquisas, según dijeron.
Célida Marcelo Luis es la promotora y coordinadora del proyecto. Recuerda que hace seis años ella junto a otras 19 mujeres dieron forma a la idea de criar tilapias, contando para ello con el apoyo del Consorcio Azucarero Central, que les permitió usar el estanque que tenían para el regadío de sus predios cañeros.
Otras organizaciones, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también les brindó su apoyo, y el Gobierno, tras una visita sorpresa del Presidente Danilo Medina, le otorgó un financiamiento de unos RD$5.6 millones a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agrícola (FEDA).
“Hace un año que debíamos haber pagado ese financiamiento y no hemos podido empezar siquiera”, comenta Marcelo Luis, con las manos en la cabeza.
Recuerda que la crianza de los peces estuvo lenta un periodo debido a la sequía que les azotó el año pasado, pero que empezaron a recuperarse con las lluvias y estaban listas para una gran producción en marzo pasado.
Ese mismo mes, a días de la cosecha, se produjo el primer ataque, y de 104 mil unidades que tenían en crianza, le quedaron 22 mil. La pérdida de entonces la estiman en unos RD$3.4 millones.
De este caso dieron parte las autoridades, pero la investigación no prosperó. El fiscal adjunto de Barahona, Freddy García, estuvo al frente de las indagatorias. Explicó que fueron al lugar y colectaron muestras, pero que dieron negativo a veneno, por lo que no continuaron.
Marcelo Luis indica que el proyecto abarca 55 jaulas, de las que, gracias a un fondo de unos RD$300,000 que habían acumulado fruto de las pequeñas ventas que hacían, volvieron a comprar alevines y “sembrar” unas 15. Cada jaula contiene unos 2,500 alevines, de los que se estima que el 10% se pierde en la crianza.
Los peces ya estaban grandes y se acercaba la próxima cosecha, cuando el sábado pasado uno de los dos guardianes que contrataron para la seguridad del proyecto le avisó a Mercedes Luis, que en cuatro jaulas la población estaba muerta. Unas horas después de que la comunidad en pleno salió a mirar lo que sucedía, los peces de otras dos jaulas murieron.
Inversión
Desde el momento de la siembra, los alevines se toman un estimado de cuatro meses para alcanzar un tamaño apto para cosecha. En ese tiempo las mujeres deben invertir un promedio mensual de RD$185,000 para la compra de alimentos, además de unos RD$7,500 que pagan a los vigilantes nocturnos. En el día, las mujeres se turnan para cuidar y alimentar a los peces, motivadas en la recompensa de la venta, que les permite un ingreso de unos RD$2,000 entre cada social del proyecto, luego de saldado los gastos.
Los planes que tenían era hacer una buena cosecha en junio, que como siempre venderían entre personas de la comunidad y de zonas cercanas, y al Consorcio Azucarero, que es su mayor cliente.
Pero tras el ataque del sábado, ya solo le quedan nueve jaulas, grandes deudas que no saben como saldar, y el desánimo de muchas de las mujeres que empiezan a abandonar el proyecto.
Celia Santos es una de las socias que dicen no tener muchas ganas de seguir, porque “siempre que uno cree que va a conseguir algo, pasa esto”. Ella es madre de cuatro niños que debe mantener, no tiene esposo y tampoco otro trabajo. Afirma que ya dos de las compañeras salieron por desencanto, y ella se lo está pensando.
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