Jefe de seguridad nacional le ordena al personal que planifique el muro en la frontera con México y que contrate miles de agentes.
El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el martes nuevas normas radicales para la seguridad fronteriza y las deportaciones como parte de la ofensiva prometida por el presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.
En un par de memorandos, el secretario de seguridad nacional John Kelly detalló los pasos “diseñados para frenar la inmigración ilegal y facilitar la detección, aprehensión, detención y expulsión de extranjeros que no tienen ninguna base legal para entrar ni permanecer en EEUU”.
El Sr. Kelly ordenó a sus subordinados que empezaran a planificar la construcción de un muro en la frontera con México; que contrataran 10,000 nuevos agentes de inmigración, más 5,000 nuevos oficiales de control de fronteras; y “aceleraran el despliegue de jueces de inmigración y funcionarios de asilo”.
Las medidas continúan el vertiginoso esfuerzo del Sr. Trump para demostrar los primeros avances hacia el cumplimiento de las promesas de campaña que alimentaron su victoria en las urnas.
Las medidas anunciadas representan una ruptura con el enfoque de la administración Obama hacia la inmigración ilegal, la cual le daba prioridad a la expulsión de extranjeros condenados por delitos graves. En cambio, el Sr. Trump expulsará a los extranjeros condenados o acusados de “cualquier delito” o a aquellos que hayan participado en cualquier tergiversación ante un organismo gubernamental, incluido el uso indebido de prestaciones públicas, según los memorandos.
“El departamento ya no eximirá clases o categorías de extranjeros ‘deportables’ de cumplimiento potencial”, escribió el Sr. Kelly.
Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca, negó que la administración tiene intenciones de realizar deportaciones masivas. Mientras que cualquier persona presente en el país sin autorización puede ser expulsada en cualquier momento, la nueva política se aplicará primero a casi 1 millón de individuos indocumentados con antecedentes penales, dijo.
Por ahora, los individuos que llegaron a EEUU de niños — los llamados “soñadores” — están exentos de las nuevas medidas, dijo el Sr. Spicer.
Al proceder con la contratación de miles de agentes de control fronterizo adicionales, el DHS también reanudará una política que el gobierno de Obama había minimizado, asignando a los oficiales de policía local para que manejen los temas de inmigración. A lo largo de un período de casi 10 años, ese programa ha identificado a más de 402,000 individuos elegibles para deportación, dice el documento.
Estas medidas contra la inmigración se producen en momentos en que la población de inmigrantes ilegales se mantiene en torno a los 11 millones, una disminución desde un máximo de 12.2 millones en 2007, según el Pew Research Center.
Aun así, los documentos del DHS decían que la inmigración ilegal ha “abrumado a los organismos federales” y creado un problema de seguridad nacional para EEUU. El número de inmigrantes detenidos intentando cruzar hacia EEUU procedente de México durante los pasados meses de octubre y noviembre aumentó en más de un 42 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, dijo el Sr. Kelly.
Los tribunales de inmigración del país enfrentan una cifra récord de 534,000 casos acumulados de inmigrantes que enfrentan una posible deportación, más de tres veces el número de 2004, según el DHS.
El Sr. Kelly también ordenó la creación de una nueva oficina del DHS para ayudar a “las víctimas de los delitos cometidos por extranjeros ‘deportables’”.
El Sr. Trump ha ordenado a las agencias federales que “cuantifiquen todas las fuentes directas e indirectas de ayuda o asistencia federal al gobierno de México”, lo cual representa un paso más en los intentos del presidente por obligar a México a pagar por la construcción del muro.
Por David J Lynch (c) 2017 The Financial Times Ltd. All rights reserved
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