MERCED, California — Jeff Marchini y otros en el Valle Central de California apostaron sus campos a que ganaba Donald Trump. Su mensaje de reducir las regulaciones y los impuestos resultó atractivo para este bastión republicano, una de las bases de apoyo más fuertes de Trump en el estado.
En cuanto a las promesas de campaña de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, muchos supusieron que básicamente eran palabrería. Sin embargo, tras semanas en el cargo, Trump ha firmado órdenes ejecutivas que han cambiado drásticamente las leyes migratorias. Ahora los agricultores se sienten muy alarmados por lo que estas nuevas políticas podrían significar para sus empleados, la mayoría de los cuales son indocumentados, así como para los negocios que dependen de ellos.
“Todo está pasando tan rápido”, dijo Marchini. “No estamos llenando camiones de gente ni deportándolos, todavía”, agregó. Mientras observaba a un grupo de trabajadores agacharse para limpiar hojas lodosas hasta llegar a las achicorias rojas, comentó que un hombre de negocios como Trump sabría que los agricultores han invertido millones de dólares en productos que se están cultivando en este preciso momento, y que no poder cosecharlos ni venderlos representará enormes pérdidas para la economía del estado. “Tengo fe en que pueda entender la magnitud y la ansiedad de lo que está pasando en este momento”.Las políticas migratorias de Trump podrían transformar el Valle Central de California, un tramo de tierras que se extiende desde Redding hasta Bakersfield. Alrededor del 70 por ciento de los trabajadores agrícolas que se encuentran aquí residen en Estados Unidos de manera ilegal, según investigadores de la Universidad de California Davis. El impacto podría repercutir a lo largo de la economía precaria del valle, donde la agricultura es por mucho la principal industria. Con una población de 6,5 millones de personas en el valle, los campos en este estado representan ingresos por 35 mil millones de dólares al año y proveen más alimentos que ningún otro estado en el país.
Las consecuencias de una reducción en la fuerza laboral inmigrante se sentirían no solo entre los huertos y las lecherías, sino que llegarían hasta los negocios locales, restaurantes, escuelas e incluso a industrias que aparentemente no están relacionadas, como el mercado de los seguros.
Muchos aquí se sienten reivindicados por la elección y, aquí y allá, todavía se pueden ver anuncios en las autopistas donde se lee “Vota para hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo”. Sin embargo, en conversaciones con aproximadamente una decena de agricultores —la mayoría de los cuales votaron por Trump—, cada uno reconoció que dependían de trabajadores que proporcionaban documentos falsos. Si el gobierno de Trump decidiera erradicar a los trabajadores ilegales, los agricultores saben que sus negocios se paralizarían. Incluso los legisladores republicanos de la región habían estado a favor de planes que les darían a los jornaleros la posibilidad de obtener la ciudadanía.
“Si solo nos quedamos con los trabajadores legales, ciertas partes de esta industria y esta región no existirían”, confesó Harold McClarty, perteneciente a la cuarta generación de agricultores en Kingsburg, cuyo agronegocio cultiva, empaca y embarca duraznos, ciruelas y uvas a lo largo del país. “Si enviamos a toda esta gente de regreso, sería todo un desastre”.
A McClarty no solo le preocupa su negocio, sino también su fuerza laboral, comenta. Muchos de sus empleados han trabajado para él anualmente durante más de una década, ganando al menos 11 dólares la hora. Hace algunos años, tras una auditoría por parte de funcionarios migratorios a sus registros de trabajadores, se vio obligado a despedir a decenas de jornaleros.
“Esta gente ha trabajado para nosotros desde hace mucho tiempo y dependemos de ellos”.
Ahora le preocupa que la administración de Trump pueda hacer obligatorio un programa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos llamado E-verify, cuyo propósito es detener el uso de documentos apócrifos. A excepción de unos cuantos estados, el programa es voluntario y solo una pequeña fracción de las empresas lo usan.
Aquí los agricultores se han enfrentado a una constante escasez de mano de obra durante años; en parte, debido al mayor número de políticas fronterizas y el aumento de los precios que cobran los coyotes que ayudan a que la gente ingrese al país ilegalmente. El flujo de personas que provenían de poblaciones rurales del sur de México de manera continua se ha detenido casi por completo. Los trabajadores agrícolas que quedan están envejeciendo y muchos de sus hijos encuentran empleos mejor pagados fuera del campo.
Muchos agricultores aquí y en todo el país tienen la esperanza de que el nuevo gobierno expanda y simplifique las visas H-2A, que permiten el ingreso de trabajadores de otros países para trabajos agrícolas. Los agricultores de California han empezado a depender cada vez más del programa durante los últimos años.
McClarty y otros dicen que legalizar a la fuerza laboral existente sería la principal prioridad. Aunque están a favor de la idea de deportar inmigrantes que hayan cometido delitos graves, se oponen a forzar a que la gente se vaya del país por delitos menores, como conducir sin licencia. Desde la elección, no han dejado de llamar a sus representantes del congreso ni de ejercer presión entre asociaciones de comercio, como la Western Growers Association, cuyo director ejecutivo es parte del consejo consultivo agrícola de Trump.
Asimismo, los productores esperan con ansias los planes del gobierno para modificar los antiguos acuerdos comerciales. Trump ha dicho que se retirará del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si no puede negociar mejores términos para Estados Unidos. Los agricultores se beneficiarían si Trump negocia términos más favorables. Sin embargo, retirarse por completo del tratado provocaría represalias de México que dañarían a la industria agrícola de California, la cual obtuvo ganancias provenientes del comercio por 21 mil millones de dólares el año pasado.
“No importa si es programando computadoras o cosechando en el campo”, dijo, “cada vez que se acepta remplazar la mano de obra estadounidense se debilitan los salarios y las condiciones de trabajo, además de desalentar a los estadounidenses”.
La posibilidad tiene inquietos a los empresarios del valle. Patricia Pantoj dirige una agencia de viajes en Madera, al norte de Fresno, donde aproximadamente la mayoría de los 60.000 residentes de la ciudad son latinos y trabajan en el campo. Este año, dijo, prácticamente nadie ha viajado a sus pueblos de origen en México.
“No quieren correr riesgos”, explicó. “Todo mundo tiene miedo, incluso si tienen papeles”.
A unos cuantos locales de la agencia de viajes, hay una tienda de regalos. La dueña, Maria Valero, dijo que todos los clientes eran indocumentados.
“Si se fueran, mi negocio estaría en quiebra mañana”, dijo.
Jhovani Segura, agente de seguros en Firebaugh, cerca del extremo sur del valle, aceptó que casi el 80 por ciento de sus pólizas de seguros para automóviles nuevos son de inmigrantes indocumentados que, según una nueva ley estatal, pueden obtener licencias de conducir.
“De haber deportaciones masivas, tendríamos que cancelar la mitad de nuestras pólizas”, dijo.
En Ceres, al norte de Merced, el distrito de escuelas públicas es, por mucho, el principal empleador, y muchos de los trabajos se crearon para ayudar a los niños de inmigrantes. Los administradores dicen que la mano dura tendría como resultado una importante pérdida de empleos y reduciría el financiamiento, que se distribuye a nivel estatal según sea necesario, para todos los niños en el distrito.
La mayoría de los trabajadores en los viñedos y huertos de McClarty se han asentado plenamente en el área.
Javier Soto, de 46 años, compró una casa para su familia de cinco miembros en Reedley, una ciudad de 25.000 habitantes que se hace llamar “el frutero del mundo”. Soto ha trabajado en los campos agrícolas de McClarty durante los últimos seis años y su supervisor sabe que está aquí sin papeles.
“Da más miedo ahora que ya es presidente y vemos lo que está haciendo”, comentó Soto sobre Trump.
Tienen esperanzas de que Trump no cumpla la mayoría de sus amenazas. “Quien más habla, menos hace”, comentan entre sí. Son demasiados, piensan, para echarlos a todos del país.
“Estamos aquí esperando y rezando, con la esperanza de que alguien pueda convencerlos de que no le hacemos ningún daño a nadie estando aquí”, dijo Isabel Rios, de 49 años, quien ha cosechado uvas durante veinte años. Al igual que la mayoría de las mujeres en el campo, se cubre el rostro con una pañoleta para protegerse del sol abrasador, el polvo y los pesticidas. Sus dos hijos, de 9 y 18 años, son ciudadanos nacidos en Estados Unidos y le preocupa qué será de ellos si la envían de regreso a México. “¿Quién se beneficiará si no estamos aquí?”.
Marchini, el productor de achicoria roja, dijo que se sintió igual después de ver a generaciones de trabajadores en los campos de la familia que mandan a sus hijos a la universidad, para formar parte de la clase media. La familia de Marchini ha cultivado el valle por cuatro generaciones y creció trabajando hombro con hombro con los inmigrantes mexicanos.
Dijo que ningún aumento viable a los salarios o cambio en las condiciones de trabajo serían suficientes para hacer que los estadounidenses nativos regresen al campo.
Eran los otros conservadores, afirmó Marchini, quienes no tenían idea de cómo lidiar con los trabajadores extranjeros. “Si encuentras la forma de entrar aquí”, dijo, “es porque cubres una necesidad con tu trabajo”.
