Por Lic. Alejandro Jerez Espinal
En la definición,
formulación e implementación de las políticas sociales, los estados moderrnos,
consignan como unas de sus líneas de trabajos fundamentales,laprotección
social, sin desdeñar el impacto de las políticas sociales sectoriales de
educación, salud, vivienda, recreación, cultura y protección del medio ambiente
que sumados a las iniciativas de promoción social, se erigen en verdaderos instrumentos
de la superación de la pobreza y la desigualdad cuando las mismas están
respaldadas por niveles adecuados de inversión pública y privada.
La protección social debe
acompañar a los seres humanos desde el momento mismo de laconcepción hasta la muerte
y se pone de manifiesto en las diferentes etapas de la vida, en la niñez, adolescencia, adultez o etapa
productiva y adulto mayor o etapa de retiro, dotándolos de los medios e
instrumentos necesarios para garantizarles un sano desarrollo y una vida digna.
En virtud de lo
anterior, la protección social,comprende una seguridad social universal,
sostenible, obligatoria y solidaria que proteja a los trabajadores de los
riesgos y contingencias de seguridad y salud en el trabajo, enfermedad común, lactanciay
protección de la primera infancia, maternidad, salario decente, pensión por
vejez, discapacidad y sobrevivencia, con una tasa de reemplazo que le permita
mantener el nivel de vida sostenible al momento del retiro.
Esta protección debe
incluirademás, a los trabajadores informales, liberales, por cuenta propia y la
gran masa de no asalariados entre los cuales están las madres solteras,
envejecientes y otros que por su estado de vulnerabilidad merecen la atención
urgentes de los gobiernos a través de programas sociales condicionados o no
condicionados, así como a los beneficios de un plan básico de salud.
En la región de
America Latina y el Caribe, el debate se ha concentrado en la sostenibilidad y
viabilidad de un sistema de seguridad social sobre otro. En el decenio de los
años noventa, bajo la influencia de las políticas neoliberales, usando como
modelo el sistema previsional de capitalización individual chileno, se generó toda
una corrientes de reformas sustitutivas que culminó con la derogación total o
parcial de los sistemas de repartos y la adopción del modelo chileno, en países
como México, Colombia, Salvador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica,
Uruguay y Perú.
Se entiende que
este modelo de contribución definida, solo sirve al capital financiero, tiene
elevados costos de administración, cobertura limitada y no garantiza una tasa
de reemplazo suficiente y adecuada a los trabajadores en edad de retiro.En el
caso de Chile casi cuatro décadas después hay una fuerte presión social de los
trabajadores para que dicho sistema mejore su cobertura, para tal fin se está
discutiendo una iniciativa para aumentar en un cinco (5%) por ciento el monto
de las cotizaciones, a cargo de los empleadores, en un plazo de seis (6) años,
para que sean administrados por una agencia pública, con la finalidad de
destinar un tres (3%) por ciento a las cuentas de capitalización individuales
no administradas por AFP, sino por el Estado y el otro dos (2%) por ciento a un seguro de
ahorros colectivos para los jubilados, pensiones de lo futuros jubilados y
pensiones de mujeres.
Al abordar los
niveles de rentabilidadde las cuentas de capitalización individual, el Premio
Nobel de EconomíaJoseph E. Stiglitz, sostiene
que los países menos
desarrollados generalmente tienen mercados de capitales menos desarrollados,
con inversores menos informados y con menor capacidad regulatoria,
aumentando el alcance para el abuso potencial. La presencia de una mayor
volatibilidad y la ausencia de varias clases de mercados financieros hacen que
los diferentes tipos de seguros brindados por los programas tradicionales de
prestación definida sean más valiosos.
En contraposición está el modelo tradicional o de
repartos, con prestaciones definidas, gestión pública, propio del Estado benefactor, que
tiene como unos de sus principios fundamentales la solidaridad en la
contribución, mediante la cual los más jóvenes aportan al sistema para
sustentar las prestaciones de los que están en condición de retiro. Se establece
como unas de sus debilidades el envejecimiento de la población y el aumento de
la longevidad de los pensionistas.
Frente a los
problemas demográficos, la palabra clave es la producción y la opción entre
reparto y CPI es secundaria, el prefinanciamiento es deseable, pero la CPI,
(capitalización Individual),no es la única forma de lograrlo, un mercado de
capital puede constituir un componente del crecimiento, pero por si solo no
representa la solución y no se debe presuponer que los gestores privados del
fondo privado de pensiones canalizan mejor que los gestores públicos; la
privatización no representa solución alguna para los problemas fiscales y si un
sistema es inviable, la única solución es hacerlo sustentable, de acuerdo a
Nicolas Barr.
Para tener una idea más
precisa de la cobertura activa de los sistemas de pensiones obligatorios en
America Latina y el Caribe, en promedio 45 de cada 100trabajadores, están
aportando o están afiliados a un sistema de pensión. Este bajo nivel de aportesguarda
relación con las características socioeconómicas en particular la educación,
género y nivel de ingreso. Los profesionales y técnicos tienen mayor capacidad
de aportes al sistema que los trabajadores con un nivel educativo menor, lo propio
sucede con la brecha de géneros en el mercado laboral en la región, pues, la
relación está en la proporción 56% por ciento mujeres, 83% por ciento hombres y
solo del 20 al 40 por ciento de los trabajadores de ingreso medio contribuyen a
una pensión, de acuerdo al estudio Panorama de las Pensiones en América Latina
y el Caribe, auspiciado por el BM, BID y OCDE, año 2015.
Otro elemento de
importancia a ser ponderado en este
análisis tiene que ver con la tasa bruta
de reemplazo de las pensiones, pues, permite medir el nivel de las pensiones en
el momento de la jubilación en relación con los ingresos durante la vida
laboral. Para trabajadores con ingresos promedio, la tasa bruta de reemplazo
promedio es de 62% en los 26 países de
ALC. Las naciones con mayor
aporte al promedio regional son Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, que ofrecen tasas de más del 90%, seguidos
por Argentina, Costa Rica y Panamá, con tasa de reemplazo
proyectadas entre el 75% y el 80%, en correspondencia con el estudio citado del
BM, BID y OCDE, 2015.
El sector público de
ALC, gastó en promedio en protección social un 5% por ciento del PIB, en el año
2015, un 1.30% más que en el año 2000. A nivel de países, Argentina y el Brasil
son los que, proporcionalmente, más recursos destinan a esta función, que
concentra un 14,1% y un 13,2% del PIB, respectivamente, en 2015.Considerando el
crecimiento negativo del PIB la zona ALC, de menos -1.1% por ciento, el gasto proyectado en protección social en los
presupuestos del año 2017, en algunos
países retrocede y en otros se mantiene estable, por lo que en promedio lo
presupuestado en protección social está al nivel de lo gastado en el año 2000,
de un 3.70% por ciento del PIB, conforme a lo indicado en el Panorama Social de
America Latina, Cepal 2016.
Como se advierte ante
la posibilidad de que la región de America Latina y el Caribe ALC, crezca en
promedio apenas 1.1% del PIB, para el
presente año 2017, las posibilidades de aumentar el nivel de gastos en
protección social, en algunos países es incierta y en el mejor de
los casos se mantendrá estable, que sumado a la gran cantidad de asalariados
que carecen de protección social, porque sus empleadores no cotizan de forma
regular o no los tienen afiliados al sistema, aparte de la baja tasa de
reemplazo de los pensionistas, que en algunos países no llega al 30% de su
último salario, configura para los trabajadores dependientes, por cuenta
propia, informales, liberales y personas en estado de vulnerabilidad, un
panorama de condena irreversible a la pobreza.
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