Las organizaciones de la sociedad civil han puesto especial atención a la creación de la procuraduría especializada para combatir los delitos electorales y evitar además la práctica de la compra de votos.
Ayer, una comisión de Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente solicitó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, convocar con urgencia al Consejo Superior del Ministerio Público, a fin de que designe al titular la Procuraduría Especializada para Asuntos Electorales.
Ayer, una comisión de Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente solicitó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, convocar con urgencia al Consejo Superior del Ministerio Público, a fin de que designe al titular la Procuraduría Especializada para Asuntos Electorales.
Durante el encuentro los representantes de la iniciativa, que agrupa a más de 70 organizaciones y personalidades del ámbito religioso, académico, empresarial, sindical, campesino, movimientos sociales y de la sociedad civil, manifestaron su preocupación por la ausencia de los preparativos necesarios para la operatividad de la procuraduría para la investigación y persecución de los delitos electorales.
La creación de esta procuraduría está contemplada en el artículo 289 de la Ley de Régimen Electoral, No. 15-19 de febrero de 2019, sin embargo la misma no se ha puesto en marcha a pesar de que en septiembre pasado, el procurador aseguró que realizaban las diligencias de lugar, que incluía la organización de un concurso para la selección de su titular y el reclutamiento de personal.
La solicitud de Manifiesto Ciudadano fue entregado a Rodríguez en un comunicado donde además solicitan que el Consejo Superior del Ministerio Público difunda ampliamente el listado con los nombres y datos de contacto directo de todos los fiscales adjuntos de cada Distrito Judicial que serán asignados a la persecución e investigación de los crímenes y delitos electorales, y el sometimiento penal de los responsables.
“La ciudadanía reclama y espera que de oficio el Ministerio Público asuma frente a los crímenes y delitos electorales un rol activo, enérgico e imparcial y que no actúe solo a requerimiento de parte interesada. Que su accionar esté siempre apegado al respeto del debido proceso y a los derechos fundamentales de todos los dominicanos y dominicanas”, expresaron.
Finjus plantea un acuerdo
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) también demandó la creación de esta procuraduría y además planteó un acuerdo entre los actores políticos del país, en el que se comprometan a evitar la práctica de la compra de votos en el proceso electoral.
En un documento en el que respalda los pronunciamientos de la Iglesia Católica sobre la compra de votos, la Finjus indicó que esa práctica deviene en una reafirmación de corrupción electoral a través de la coacción y el fraude.
En ese sentido, consideró que se requiere de un compromiso de la clase política para atacar esa “desdeñable” práctica.
“Aunado a lo anterior y dada la posible ocurrencia de este y otros delitos electorales, es vital que de cara a estos próximos procesos electoral sea instituida la figura del fiscal electoral, como el órgano especializado de investigar y actuar en el marco del sistema de justicia electoral”, sostuvo.
Solicita candidatos sean excluidos del proceso
Ayer también, el movimiento Marcha Verde demandó que aquellos candidatos a cargos populares que estén vinculados a escándalos de corrupción pendiente en la justicia sean excluidos del proceso electoral. Asimismo, pidió que se filtre y aparte de las boletas las candidaturas de funcionarios que violan la ley al no presentar sus respectivas declaraciones juradas de bienes. Guadalupe Valdez, miembro del colectivo, indicó que tienen un listado depurado de los aspirantes implicados en casos de corrupción o que no han declarado sus bienes, la cual darán a conocer el próximo domingo en la Asamblea Abierta Conmemorativa que realizarán en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
fuente elcaribe.com.do
