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Participación Ciudadana calificó de extremadamente grave la denuncia del préstamo del Banco de Reservas a Miguel Vargas



Los detalles de esta operación aprobada a cinco meses de las elecciones presidenciales del año 2012, revelan su clara intención política, no solo debido a la cercanía de las elecciones, sino sobre todo debido a las manifiestas irregularidades que entrañaba, que fueron expuestas por los técnicos de la entidad a su Consejo de Directores, que a pesar de todo finalmente la aprobó, sin que la Superintendencia de Bancos haya cumplido con la misión que le otorga la ley, dice el organismo en un comunicado.
“Las irregularidades cometidas en el otorgamiento del préstamo, su importante monto y la fecha en que este fue concedido, generan suspicacias sobre su verdadera motivación y su posible vinculación con el relativamente reñido certamen electoral de mayo de 2012, en el cual el partido de gobierno fue ya de por si beneficiado por un uso desmedido de los recursos del gobierno”, indica.
Participación Ciudadana entiende que tanto los miembros del Consejo de Administración del Banco de Reservas que aprobaron esta operación, incluyendo al exadministrador general, Vicente Bengoa, como el ex Superintendente de Bancos, Ivanhoe Ng Cortiñas, cometieron faltas inexcusables a sus responsabilidades, mientras que el deudor incurrió en una conducta claramente reñida con la ética y la moral.
Hicieron un llamado al actual Superintendente de Bancos, Rafael Camilo, para que ordene una inspección a esta operación y rinda un informe completo al país, tanto de las irregularidades incurridas en el otorgamiento del préstamo, como de su estatus actual, así como iniciar el proceso sancionador administrativo que corresponda.

fuente: hola politica

Miguel Vargas Maldonado

Participación Ciudadana calificó de extremadamente grave la denuncia que presentaron altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de que el Banco de Reservas prestara a una compañía propiedad del presidente de de esa organización, Miguel Vargas, 15 millones de dólares, sin respetar las normas prudenciales que rigen el sistema bancario dominicano y que son aplicables al banco estatal.


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